- Los datos correspondientes al pasado mes de Marzo del Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera en España que elabora mensualmente nuestra Asociacion Nacional (Fenadismer) reflejan una importante reducción en los plazos de pago a los transportistas hasta los 64 días de media, en gran medida gracias a la actuación de los Servicios de Inspección de Transporte.
- El Parlamento europeo ha aprobado este martes el nuevo Reglamento que reduce el plazo máximo de pago a 30 días, que deberá ser ahora aprobado por el Consejo europeo para su definitiva aplicación
El régimen sancionador de lucha contra la morosidad en el sector del transporte por carretera aprobado a finales de 2021, unido a la intensa actividad llevada a cabo por los Servicios de Inspección de Transporte en este ámbito en los últimos meses, con una campaña de control llevada a acabo de oficio tanto a empresas cargadoras como intermediarias, están contribuyendo de forma decisiva a mejorar la situación de los plazos de pago a los transportistas. De hecho conforme a los datos hechos públicos por el ministerio de Transportes correspondiente a la ejecución del Plan Nacional de Inspección de Transporte de 20023, en materia de control de la morosidad se impusieron un total de 3411 sanciones infracciones por incumplir los plazos máximos legales de pago, lo que supuso casi un 2000% más de inspecciones en este ámbito como consecuencia de su inclusión como actuación prioritaria.
Así, el pasado mes de marzo se produjo una fuerte disminución en los plazos de pago frente al mes anterior, situándose por primera vez desde que se viene elaborando el Observatorio permanente de la morosidad que FENADISMER elabora mensualmente en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte, en 64 días, por tanto muy próximo al plazo de máximo legal de pago que marca la ley.
Por otra parte, este martes 23 de abril el Parlamento Europeo, en su último plenario antes de las elecciones de junio, ha aprobado el nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad, que es de obligado cumplimiento y prevé sancionar a las empresas morosas si exceden del plazo de pago general fijado en 30 días, reduciendo así el plazo máximo actualmente establecido en 60 días. En todo caso, después de su aprobación en el Parlamento, la normativa tendrá que pasar por el Consejo de la Unión Europea.
